Reclamar una herencia, ¿cómo hay que proceder?

Cuando algún familiar fallece y ha dejado testamento, se debe proceder en cualquier caso a la lectura de sus últimas voluntades y a la repartición de su herencia, proceso que en muchos casos suele ser motivo de conflictos familiares.

Este proceso de lectura de testamento, si lo hubiera, hace el proceso de reclamación de la herencia mucho más sencillo y rápido. Sin embargo, también puede darse el caso de que no hubiese dicho testamento, por lo que el primer paso para reclamar la herencia sería contar con los servicios de abogados en Cáceres que sepan asesorarnos durante todo el proceso y lo hagan más rápido y llevadero. Es en este punto en donde entra en juego el parentesco del que reclama con el fallecido, que si es de sucesión directa el proceso también se volverá más ágil.

Así, el modo a actuar sería pedir el certificado de defunción si la persona redactó testamento en vida; también pedir el documento de actos de última voluntad si no dejó testamento; y, cualquier caso, buscar un abogado especializado en herencias para consensuar el reparto y finalizar el proceso.

¿Qué son exactamente las cláusulas suelo?

A la hora de pedir un préstamo hipotecario, son muchos los conceptos y las cláusulas que entran en juego y que debemos aceptar de manera inherente, no sin antes revisarlas y ver que se corresponden con la legalidad y con lo estipulado en el contrato o acuerdo hipotecario. Una de estas cláusulas es la cláusula suelo o referente al suelo hipotecario, la cual ha levantado más de un caso polémico. 

Se trata de una cláusula presente en la mayoría de los contratos de préstamos hipotecarios o de compra de vivienda, y que hace referencia a la cantidad mínima a la que se compromete el solicitante a pagar en cada cuota. Esta cuota se suele fijar en base a unos intereses fijos, acordados por el banco y el solicitante, y siempre dentro de la legalidad. Se trata de una cláusula de gran controversia ya que en ocasiones se producen cláusulas abusivas al pagar el solicitante a un interés más elevado del que normalmente indica el índice. Y según el contrato, se establece una cuota mínima que se deberá pagar religiosamente aunque los intereses de la entidad bajen, por lo que muchos deciden contar previamente a la solicitud con la presencia de un abogado especializado en la cláusula suelo.

¿El procedimiento para formalizar un arrendamiento urbano es el mismo que para un arrendamiento rústico?

A la hora de formalizar un contrato de alquiler son muchas las precauciones a tener en cuenta, tanto por parte del arrendador como por parte del arrendatario. Existen numerosos tipos de contratos de arrendamiento diferentes que, aunque deben obedecer y recoger unos puntos concretos, pueden sufrir modificaciones específicas según la ley o según exigencias de alguna de las dos partes. 

Un claro ejemplo es la diferenciación entre arrendamiento urbano y rústico. Se trata de un tema muy tratado por abogados en Cáceres, donde el contrato de arrendamiento rústico es bastante habitual. El tipo de contratos urbanos está regulado por la ley de fincas urbanas, que comprende las viviendas así como los locales de negocios. Normalmente, en espacios urbanos está permitido construir, por lo que no se deben tener en cuenta algunos aspectos que en territorio rural sí. En el campo sólo se puede construir mediante permiso específico del órgano competente, que algún momento recalifique los terrenos como urbanizables. Al ser superficie destinada a actividades agropecuarias y regulada por la ley de arrendamientos rústicos, en principio no está permitida la vivienda y los precios del alquiler no están sometidos a la especulación inmobiliaria, por lo que son bastante menores.

Pareja de hecho ¿qué diferencias hay respecto al matrimonio?

La gran mayoría de las parejas, a la hora de celebrar su amor y dar un paso adelante para convertir su relación de noviazgo en algo más estable que refuerce el compromiso, normalmente recurren al matrimonio. Pero no es la única opción que existe en España, y esta es una de las apreciaciones sobre la que más inciden cualquier despacho de abogados, es decir, en las diferencias que existen entre conformar un matrimonio o establecerse, por ejemplo, como pareja de hecho. 

Aunque el derecho de familia abarca ambas opciones y estas muestran similitudes, como la pensión de viudedad reconocida o los trámites referentes a la adopción; también hay diferencias claras entre una y otra:  

• Los miembros de una pareja de hecho no pueden hacer la declaración de la renta conjunta.
• Por defecto, tampoco se le aplica a la pareja de hecho ni el régimen de gananciales ni el de separación de bienes, aunque se puede modificar si se desea. 
• La unión como pareja de hecho no se recoge en el estatuto general de los trabajadores como motivo de vacaciones. 

Antes de dar el paso, es importante que la pareja se informe y pida asesoría jurídica si es necesario, y así conocer todas las opciones.

El derecho bancario: público y privado

Normalmente el derecho bancario se sitúa en una línea bastante independiente a la rama común del derecho, algo que para nada es así, ya que este no se rige por unos principios independientes ni diferentes en sí del derecho más general. Cualquier despacho de abogados en Cáceres especializados en el derecho bancario se centra en la actividad bancaria, los contratos que allí se acuerdan y las actividades y relaciones que estos llevan a cabo. 

Así, se hace la distinción en esta rama del derecho de lo público y lo privado. El derecho público bancario estipula que el servicio que ofrecen los bancos se trata de algo indispensable para cualquier miembro de la población y a lo que todo el mundo debe tener acceso. De ahí su carácter de público, aunque sea una actividad ejecutada por entidades privadas. 

A modo de resumen, es un derecho público en el momento en que son susceptibles de control, inspección o de legislación por algún organismo público y estatal; pero también es privado en tanto a la relación de cada banco con sus clientes, lo que ya pasaría a denominarse derecho mercantil.

Cómo saber si tu hipoteca tiene cláusula suelo

A la hora de entrar en una hipoteca, son diferentes las cláusulas que se pueden contraer en el contrato de la misma con el banco. Una de estas cláusulas es la cláusula suelo, que puede estar presente en el contrato de la hipoteca o no, y que hace referencia al tipo de interés mínimo que el hipotecado debe pagar de forma fija, aunque el Euribor (que es el principal índice para todas las hipotecas en España) se sitúe por debajo del valor fijado.

La forma más práctica y más sencilla de saber si en tu contrato existe esta cláusula es consultándolo y leyendo detenidamente cada apartado. Normalmente aparece como una condición financiera, por lo que aparecerá en forma de porcentaje que el tipo de interés no podrá rebasar. Si no se identifica en el contrato, también se puede averiguar a través de los pagos del préstamo. Si el tipo de interés que aparece como pagado no es igual a la suma del Euribor más el porcentaje que se indica en el contrato, será sinónimo de que su hipoteca contiene esta cláusula. De todas formas, existen abogados de cláusula suelo en Cáceres que podrán resolverle esta duda y asesorarle de la mejor vía de actuación si esta supone algún problema.

Competencias del Tribunal Constitucional de España

El Tribunal Constitucional es uno de los principales órganos reguladores del poder judicial en España. Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, este órgano compuesto por doce magistrados elegidos por las Cortes Generales, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial y nombrados por el Rey, es independiente de cualquier otro y su función principal es interpretar la Constitución. 

Sus competencias principales se pueden resumir en el conocimiento de las distintas leyes, normas y disposiciones que regulan todo el territorio nacional, sobre el cual tiene jurisdicción. Esto engloba, por tanto, a todas las autonomías, por lo que otra de sus competencias es vigilar que nunca se violen los derechos fundamentales en ninguna de ellas. Además, este órgano tiene la responsabilidad de regular los posibles conflictos que trasciendan de un despacho de abogados, como son los que se puedan dar entre comunidades o entre los distintos órganos judiciales, así como dictar la inconstitucionalidad de tratados y acuerdos internacionales.